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Por Andrea Serna Hernández, política y funcionaria del Gobierno de Michoacán
Cada 9 de agosto, al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordamos no sólo la riqueza cultural que aportan a México, sino también la lucha constante y la resistencia histórica de comunidades que han sido pilares fundamentales en la construcción de nuestra nación. Pueblos como el Purépecha, Nahua, Mazahua, Otomí y pirinda (entre muchos otros) han preservado, a lo largo de los siglos, sus lenguas, saberes, medicina tradicional y formas de organización social, a pesar de un sistema que durante largo tiempo los relegó al olvido y la exclusión.
No se puede entender a México sin reconocer que sus raíces están profundamente ligadas a estos pueblos originarios, que con dignidad han defendido su territorio y cultura ante procesos de despojo y marginación. La historia oficial no siempre ha sido justa ni ha reconocido ese papel esencial, y los gobiernos han acumulado una deuda pendiente con las comunidades indígenas, cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados.
El presente es, sin embargo, un momento de cambio y oportunidades. La transformación social y política que impulsa el país debe fundamentarse en el respeto pleno a la autonomía de los pueblos indígenas, en el reconocimiento de sus sistemas normativos propios y en la garantía de sus derechos humanos y territoriales. No se trata de dádivas ni favores; se trata de justicia y reparación histórica.
Las recientes reformas tanto a nivel federal como estatal que reconocen a los pueblos indígenas como un cuarto nivel de gobierno, así como la apertura de espacios de consulta y participación, marcan un avance significativo, aunque insuficiente. La verdadera justicia implica que el Estado camine junto a las comunidades, que las políticas públicas tengan pertinencia cultural y que se respete la autodeterminación en todos los ámbitos: educativo, sanitario, económico y político.
El Foro Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, realizado en Michoacán, es un ejemplo de este esfuerzo por escuchar las voces que durante siglos fueron silenciadas y marginadas. Más que un acto simbólico, fue un ejercicio de inclusión, donde los pueblos originarios son reconocidos como actores centrales en la definición del proyecto nacional.
Hoy, al honrar la memoria y la resistencia de los pueblos indígenas, reafirmamos que sin ellas y ellos no hay México. Y que con ellas y ellos (desde la diversidad, la autonomía y el respeto mutuo) construiremos un país más justo e igualitario.
Como bien dijo Benito Juárez, una figura central en nuestra historia que además fue indígena, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Esa frase no puede seguir siendo letra muerta. Para avanzar hacia un México más justo e igualitario, debemos garantizar que ese respeto se traduzca en acciones directas para los pueblos originarios.
¡Vivan los pueblos indígenas!
¡Viva su cultura, su memoria y su resistencia!
¡Viva la riqueza de sus saberes y la fuerza de su lucha!
