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Este 26 de septiembre se cumplen once años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático de impunidad que atraviesa tres administraciones sin resultados sustantivos.
Pese a las diferencias políticas entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las familias continúan preguntando: ¿dónde están los jóvenes?, ¿quién y por qué los desapareció?
Amnistía Internacional advirtió que, además de la ausencia de justicia, los padres y madres enfrentan graves afectaciones emocionales tras más de una década de lucha.
La organización urgió al Estado mexicano a atender la salud de los familiares, garantizar verdad y reparación, y a liberar la información que sigue en poder del Ejército, incluido un conjunto de 800 folios clave para conocer el destino de 17 normalistas.
Aunque la presidenta Sheinbaum ha sostenido cinco encuentros con las familias y presentó nuevos instrumentos de investigación, aún no hay resultados que confirmen avances concretos.
Organismos internacionales insisten en que la investigación no debe quedar sujeta a presiones militares ni vaivenes políticos.
Entre los pendientes destacan la extradición de Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel, y la reciente absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
La persistencia de las familias, que marchan cada 26 de mes, mantiene vivo un reclamo que se resiste a caer en el olvido: justicia para los 43.
