
El gobierno de Estados Unidos revocó visas a más de 50 políticos mexicanos como parte de su nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico.
La medida afecta principalmente a funcionarios locales y estatales, y se suma a la presión diplomática de Washington sobre México para reforzar acciones contra el crimen organizado.
La Casa Blanca argumenta que estas restricciones buscan cortar la impunidad y la colaboración de actores políticos con cárteles de drogas, asegurando mayor control sobre el flujo de recursos ilícitos.
Autoridades mexicanas expresaron su rechazo y señalaron que el paso podría complicar la cooperación bilateral en seguridad.
Analistas consideran que la decisión refleja un endurecimiento en la política estadounidense hacia América Latina y genera tensiones políticas internas, ya que varios de los afectados son funcionarios en funciones.
La medida ha provocado debates sobre la eficacia de sanciones unilaterales frente a la necesidad de diálogo multilateral.
