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Durante la crisis sanitaria global por Covid-19, miles de ventiladores de la marca Philips donados al sistema de salud público y privado del país permanecieron en operación pese a que organismos internacionales habían alertado sobre su riesgo grave.
De acuerdo con la denuncia colectiva, la empresa conocía desde 2021 la degradación del material interno que liberaba gases tóxicos y partículas cancerígenas, clasificada por la autoridad estadounidense como retiro obligatorio de clase I.
Mientras en otros países se ejecutaron cancelaciones y compensaciones, en el territorio nacional miles de equipos permanecieron activos.
Ahora, una acción legal busca reparación plena para las familias afectadas y responsabilidades penales para los implicados.
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