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Por Gerardo Flores
El Presupuesto 2026 ya pasó por el Congreso y lo más llamativo no fue la discusión —que la hubo, si bien breve— sino la indiferencia. No hubo debate público, no hubo análisis profundo y, si no fuera por las intervenciones de los propios voceros del gobierno —Luis Navarro explicando la estabilidad financiera, Fabiola Alanís defendiendo el enfoque social, Gabriela Molina subrayando la inversión educativa, Giulianna Bugarini hablando de juventudes y movilidad social— el documento habría transitado como un trámite administrativo más. La prensa apenas lo tocó; la oposición lo ignoró salvo un par de comentarios sueltos sobre “el aumento a comunicación social”, y nadie quiso meterse al fondo de lo que revela.
Ese silencio es significativo. En un estado donde cada cifra suele convertirse en arma arrojadiza, donde la oposición vive pidiendo “debate serio” y donde los analistas reclaman la inexistencia de políticas públicas de largo aliento, la ausencia de polémica frente a un presupuesto de más de 107 mil millones de pesos no es casual: no es que no tengan algo que decir, es que no conviene decirlo.
El presupuesto, leído sin filtros partidistas, muestra algo políticamente incómodo para quienes viven de la narrativa del desastre: Michoacán llega al 2026 con finanzas ordenadas, sin déficit y con todas las fuentes de ingreso al alza. Hay un incremento real en ingresos propios, federales y por convenio. Aun si uno quisiera regatear reconocimientos, hay un hecho difícil de ignorar: el Estado tiene más recursos sin haber pedido prestado. Para quienes insisten en que “no hay estrategia”, el número contradice el eslogan.
Y, sin embargo, ni la prensa local ni los portales opositores ni las vocerías espontáneas en redes quisieron tocar ese punto. Optaron por el camino más cómodo: callar. A veces el silencio no es falta de interés, sino incapacidad de procesar lo que contradice la postura habitual.
El presupuesto revela tres prioridades: salud, seguridad integral y desarrollo social. El aumento en salud es tan grande —más de 50%— que cualquier lectura objetiva tendría que dedicarle un párrafo. Significa más personal, más infraestructura, más operación. Significa que, por primera vez en mucho tiempo, el sistema estatal de salud tiene la oportunidad material de corregir rezagos crónicos. Y, aun así, los críticos profesionales prefirieron mirar hacia otro lado. Nadie quiere concederle al gobierno un acierto en un área que ha sido, durante toda la administración, la zona más rentable para la oposición (después de la seguridad, de la que enseguida hablaremos).
En seguridad sucede algo parecido. Para quienes esperaban otro año de discurso sin estructura, el presupuesto pone dinero donde realmente importa: el sistema penitenciario y el Poder Judicial. No es un giro espectacular para la foto, pero sí una apuesta profunda: la seguridad como proceso institucional, no como serie de operativos. El aumento del 28% al sistema penitenciario y del 20% al ámbito judicial habla de un entendimiento que rara vez se ve en el debate: sin cárceles que funcionen, sin defensoría, sin jueces y sin justicia laboral, la policía es solo una puerta giratoria.
Pero, de nuevo, silencio. No porque no lo hayan visto, sino porque reconocerlo sería admitir que el gobierno está atacando la impunidad desde los cimientos y no desde el show. De los recortes tampoco se habló con honestidad. Sí, hay reducciones en SEDUM, COFOM, CEAC, SCOP, SESESP y Casa de las Artesanías. Pero todos los ajustes tienen explicación: algunos responden a la calendarización multianual de obras (caso SEDUM, SCOP y CEAC), otros a reorganización administrativa y transferencia de funciones operativas a dependencias más robustas (caso SESESP), otros al tránsito hacia ingresos propios (COFOM y Artesanías). El discurso opositor prefirió tomar únicamente el caso de Comunicación Social, presentándolo como un incremento caprichoso, cuando en realidad es la centralización de funciones que durante años estuvieron dispersas y desordenadas. El “aumento” es, en buena medida, contable, no político. La oposición mediática ha insistido en que quiere discutir la política de fondo, pero cuando la política de fondo aparece —orden financiero, aumento real en salud, justicia, educación, mujeres, juventudes, cultura y deporte— prefieren no tocarla. Es fácil criticar cuando todo está mal; es más difícil pensar cuando algunas cosas salen bien.
Hay otro silencio que delata: el del ecosistema empresarial y mediático, tan rápido siempre para denunciar supuestos “recortes a la inversión productiva”. Esta vez, con un presupuesto que fortalece salud, seguridad, educación y municipios —las condiciones básicas para cualquier inversión privada— no supieron bien cómo abordarlo. La narrativa del “Estado ineficiente” se complica cuando el Estado aparece ordenado y con prioridades claras.
¿Quiere decir esto que el presupuesto es perfecto? No. Hay riesgos y zonas débiles: la percepción pública sobre la obra pública será mala; los recortes ambientales llegan en un mal momento; Migración opera con muy poco; y habrá que vigilar que la reestructuración de seguridad no afecte la coordinación real en territorio.
Pero esos matices no invalidan la lectura general: Michoacán tiene, por primera vez en años, un presupuesto que consolida en lugar de apagar incendios, que apuesta por la salud como eje, por la justicia como condición, por la juventud y las mujeres como futuro, y por los municipios como base territorial del Estado. El silencio que lo rodeó quizá dice más de nuestro ecosistema político que del propio presupuesto: un sistema que reacciona de manera automática a la confrontación, pero que rara vez se detiene a leer con calma lo que ordena, lo que corrige y lo que ajusta un gobierno.
De cara al próximo año, el presupuesto plantea un escenario posible, no garantizado: si la ejecución es adecuada, podría consolidar avances; si no, exhibirá sus propios límites. No basta con aumentar partidas: hay que transformar capacidades institucionales, y ahí es donde se juega la verdadera política pública. En todo caso, el debate que no tuvimos al aprobarlo regresará inevitablemente cuando toque evaluar resultados.
Porque, al final, un presupuesto no es un gesto de propaganda ni una prueba de virtud: es una hipótesis de gobierno. Y como toda hipótesis, tendrá que contrastarse con la realidad.
