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Andrea Serna
Secretaria del Bienestar de Michoacán
Durante décadas la política social en México se movió entre dos extremos: la buena intención y la discrecionalidad. En teoría buscaba aliviar desigualdades; en la práctica muchas veces terminaba convertida en un instrumento de coyuntura política. Programas focalizados, padrones poco claros, apoyos entregados por personas intermediarias y decisiones que dependían más de la lógica electoral que de una verdadera política pública.
Ese modelo comenzó a cambiar en 2018, con la llegada del proyecto de transformación. No fue únicamente un cambio de programas; fue, sobre todo, un cambio de visión. La política social dejó de pensarse como asistencia ocasional y comenzó a consolidarse como política de derechos. La diferencia es sustancial, antes, el acceso a un apoyo podía depender de la intermediación política o de decisiones administrativas poco transparentes. Hoy millones de personas reciben apoyos de manera directa, mediante transferencias bancarias, sin personas intermediarias y con reglas de operación claras.
El bienestar dejó de ser una concesión del poder para convertirse en un derecho social y ese cambio estructural también obligó a replantear la política social en los estados. En Michoacán, por ejemplo, era evidente que el modelo heredado de administraciones anteriores había quedado rebasado. Durante años la antigua Secretaría de Desarrollo Social (como ocurre u ocurrió en muchos otros lugares del país) fue percibida más como una dependencia electoral que como una institución dedicada a garantizar bienestar. Los programas se utilizaban con frecuencia como herramientas de coyuntura política. Se entregaban apoyos en especie: tinacos, despensas, materiales diversos, acciones que podían generar impacto inmediato pero que rara vez transformaban de fondo la vida de las familias.
Era una política social fragmentada, dispersa y, en muchos casos, asistencialista. Con la llegada de la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se planteó rescatar la política social del estado y devolverle sentido público. Construir una Secretaría del Bienestar que respondiera a la visión humanista que ha impulsado el proyecto de transformación en el país. He tenido la oportunidad de acompañar este proceso desde dentro. Primero como directora de Grupos Prioritarios, una de las áreas más grandes y operativas de la Secretaría, y hoy como titular de la dependencia.
Desde el inicio sabíamos que el reto no era menor, la Secretaría que encontramos tenía rezagos administrativos importantes. Había huecos institucionales, procesos desordenados y una estructura que durante años había perdido rumbo. Reconstruir la política social implicó, antes que nada, ordenar la dependencia. Ha sido un proceso gradual, sostenido por el trabajo de muchas personas que creen en una política pública distinta. Una política que no se limite a administrar programas, sino que realmente acompañe a quienes más lo necesitan.
Hoy comenzamos a ver resultados. Uno de los programas más sensibles es el apoyo a Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino invasor. Desde su implementación en 2023, este programa ha acompañado a mujeres que enfrentan una de las luchas más complejas que puede atravesar una familia. Para este año estaremos llegando a cerca de tres mil beneficiarias. También está el programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, que desde 2022 ha brindado apoyo a 790 familias que enfrentan el desafío cotidiano de acompañar a sus hijas e hijos durante tratamientos médicos largos y exigentes.
A ello se suma la política dirigida a personas con discapacidad total y permanente. En coordinación con el Gobierno de México se garantiza el acceso a la pensión universal, pero además impulsamos acciones para fortalecer una cultura de inclusión que acompañe a las personas con discapacidad y a sus familias. Pero quizá uno de los ejemplos más claros del nuevo enfoque de la política social en Michoacán es la creación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social, conocidos como Ceibas.
Hoy existen diez centros en municipios como Aguililla, Buenavista, Ixtlán, Jacona, Múgica, La Piedad, Sahuayo, Uruapan, Zacapu y Zamora. Son espacios comunitarios donde se desarrollan actividades educativas, culturales y deportivas que fortalecen el tejido social. Los resultados reflejan la apropiación que las comunidades han hecho de estos espacios, donde en cuatro años, las atenciones crecieron más de doce veces. Tan sólo en 2025 se registraron más de 112 mil personas beneficiarias y más de dos mil talleres realizados. No se trata de un programa aislado, se trata de un modelo de intervención social que entiende el bienestar como un proceso comunitario.
También ha cambiado la forma en que se entregan los apoyos. Durante muchos años predominó la lógica de distribuir bienes materiales, y en ocasiones esos apoyos servían más para justificar presupuestos que para resolver problemas estructurales. El actual modelo apuesta por transferencias directas: Las personas se registran directamente en los programas y reciben los recursos sin personas intermediarias. Esto reduce costos operativos, fortalece la transparencia y, sobre todo, reconoce la capacidad de las familias para decidir cómo utilizar los recursos según sus propias necesidades.
Es un cambio que parece técnico, pero que en realidad es político, porque significa reconocer que la población no necesita personas intermediarias, sino instituciones que garanticen derechos.
La política del bienestar que hoy se impulsa en el país, y que en Michoacán buscamos consolidar, forma parte de una nueva etapa en la evolución de la política social mexicana. Una etapa donde el bienestar deja de depender de decisiones discrecionales y se convierte en una política de Estado. Por supuesto, los desafíos siguen siendo enormes. Las desigualdades acumuladas durante décadas no desaparecen de un día para otro, pero lo importante es que hoy existe una ruta clara.
Desde la Secretaría del Bienestar de Michoacán seguiremos fortaleciendo esta política pública con convicción y responsabilidad. Porque el bienestar no es un programa de gobierno ni una estrategia coyuntural, es, ante todo, una forma de entender el servicio público: garantizar justicia social, dignidad y derechos para todas y todos.
