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En la etapa final previa a la reforma judicial de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Norma Piña, operó un esquema que permitió a altos mandos ausentarse de sus funciones con goce total de sueldo, bajo el argumento de “asuntos personales graves”.
Uno de los casos documentados es el de Alejandra Martínez Verástegui, quien recibió más de 740 mil pesos durante seis meses sin desempeñar sus funciones como directora del Centro de Estudios Constitucionales, de acuerdo con registros oficiales.
Las autorizaciones fueron otorgadas por un comité integrado, entre otros, por Norma Piña, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek, en decisiones que implicaron costos significativos para el erario.
En total, se identificaron al menos 49 licencias similares entre 2019 y 2025. Sin embargo, los motivos de estos permisos fueron clasificados como información confidencial, lo que impide conocer las justificaciones específicas.
La Corte argumentó que revelar estos datos podría vulnerar la privacidad de los funcionarios, mientras que especialistas señalan que esta práctica limita la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
El tema reaviva el debate sobre privilegios dentro del Poder Judicial y la necesidad de mayor transparencia en el manejo del presupuesto, especialmente en el contexto de la transformación institucional en curso.
