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En el Congreso de Michoacán fue presentada una iniciativa que busca incorporar el delito de transhomicidio al Código Penal, con el objetivo de sancionar de forma específica los asesinatos cometidos contra personas trans cuando medien motivos de odio o discriminación.
El planteamiento, impulsado por el diputado Reyes Galindo junto con colectivos de la diversidad sexual, propone que estos casos sean considerados una agravante del homicidio, diferenciando aquellos donde la identidad de género de la víctima sea un factor determinante.
La propuesta contempla penas de entre 35 y 50 años de prisión, además de medidas de reparación integral del daño, con un enfoque que busca evitar la revictimización y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Uno de los elementos centrales es el reconocimiento de las llamadas “familias elegidas”, lo que permitiría que personas cercanas a la víctima, más allá de vínculos consanguíneos, puedan acceder a mecanismos de apoyo y reparación.
La iniciativa surge en un contexto de persistencia de crímenes de odio en la entidad, donde se han documentado al menos ocho casos de transfeminicidio en lo que va del año, además de un subregistro en casos de hombres trans.
El proyecto también plantea fortalecer protocolos de investigación y atención institucional, con el objetivo de prevenir la repetición de estos delitos y atender una problemática que actualmente carece de tipificación específica en la legislación estatal.
