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-En el crimen del exalcalde participaron sus propios escoltas
-Defensa confirmó que se negaba a aceptar plenamente el protocolo de seguridad
-La alcaldesa sustituta de Uruapan cuenta hoy con la misma protección federal, de la cual su expareja renegaba y mantenía lo más alejada posible
-Se ha rehusado a entregar pruebas clave que pudieran ayudar a destrabar la investigación
-Con sus declaraciones y acciones recientes, se pone como una posible sospechosa
La narrativa impulsada por la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, sobre un supuesto abandono institucional en materia de seguridad hacia Carlos Manzo contrasta con la versión oficial presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) semanas después del asesinato del exalcalde, pues incluso ella misma cuenta hoy con seguridad federal, la misma con la que contaba el padre de sus hijos y de la que seguido renegaba y excluía de sus eventos públicos, como el de la noche en que fue acribillado.
El 11 de noviembre de 2025, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó públicamente que Manzo rechazó incorporarse de manera plena al esquema de seguridad ofrecido por la Guardia Nacional, del cual gozaba desde finales de 2024.
“El protocolo no falló”, sostuvo el mando militar durante la conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al explicar que el entonces alcalde decidió no aceptar el resguardo directo planteado por las fuerzas federales, sino que lo mantenía lo más alejado posible.
La noche del 1 de noviembre, la seguridad federal, integrada por 14 elementos, no estaba cerca de Manzo porque él no lo quiso, pues prefirió a sus escoltas, policías municipales de su círculo más cercano, los cuales terminaron por participar en su asesinato.
La declaración desmontó desde entonces la versión que hoy intenta colocar Grecia Quiroz en todos los micrófonos sobre una supuesta ausencia total de protección institucional, pues incluso ella hoy cuenta con una escolta de 21 militares; su narrativa camina sobre la idea de que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, está siendo protegido por la Guardia Nacional mientras es acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera”, escribió en sus redes sociales.
Manzo no quería a los federales; los municipales lo traicionaron
Durante meses, Carlos Manzo mantuvo una postura pública de confrontación frente a corporaciones federales y estatales, particularmente hacia la Guardia Nacional, a cuyos elementos cuestionó de manera reiterada desde su administración municipal.
Los siete escoltas personales de Manzo fueron acusados de homicidio doloso por omisión, bajo señalamientos de haber facilitado las condiciones para ejecutar el crimen; permanece prófugo José Manuel Jiménez, quien fungía como jefe de esos elementos y que, a decir de Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del exalcalde, se encuentra recibiendo pagos irregulares de parte del propio ayuntamiento uruapense.
Se pelea con su cuñado, esconde pruebas clave… y desea la gubernatura
Esta semana, el mismo Juan Manzo reveló que la defensa legal de esos escoltas detenidos estaría siendo cubierta con recursos vinculados al propio ayuntamiento que actualmente encabeza Grecia Quiroz.
Hoy, mientras la alcaldesa insiste en denunciar abandono y falta de respaldo institucional a su expareja, en un contexto de posicionamiento político hacia las elecciones intermedias de 2027, en las que buscará ser candidata a la gubernatura (a pesar del poco apoyo que tiene en territorio y en encuestas), el caso entró en un momento tenso que la pone a ella como una sospechosa, sobre todo al darse a conocer que estaría obstruyendo la justicia, pues se ha negado en varias ocasiones a entregar el teléfono celular de Carlos Manzo, que serviría como una prueba clave que permita destrabar las investigaciones de su asesinato.
