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Un estudio de la UNAM señala que los partidos convirtieron las acciones afirmativas en una vía para colocar perfiles sin vínculos comprobados con las comunidades. De 49 legisladores clasificados como indígenas, sólo 10 tendrían representación comunitaria orgánica; los otros 39 carecerían de trayectoria, residencia o dominio de una lengua originaria.
Entre las curules indígenas identificadas en la LXVI Legislatura están Carlos Moreno R., Margarita del Río, Alfredo Vázquez, Emilio Ramírez, Rosario C. Moreno, Gerardo Olivares, Daniel Andrade, Ciria Y. Salomón, Diana Castillo, Iván María Rangel, Ángeles Vázquez, Irma Juan Carlos, Naty Poob Jiménez, Carlos Altamirano, Alejandro López, Gloria Sánchez, Carmen Bautista, Carmelo Cruz M., Adolfo Alatriste, Briceida García, Humberto Pérez, Benito Aguas Atlahua, Rocío Barrera, José L. Sánchez y Jazmín Villanueva. El estudio no atribuye individualmente a todos ellos la falta de representación comunitaria.
El problema, según la investigación, no termina con la llegada al cargo. El 97.4% de las iniciativas presentadas por diputados de acciones afirmativas son congeladas o desechadas, mientras nueve de cada 10 son relegados a secretarías y vocalías de comisiones relacionadas con su condición. En particular, las agendas indígenas quedan confinadas a comisiones temáticas, con menor peso en órganos decisivos.
Así, la investigación documenta una doble barrera: primero, la posible simulación para ocupar curules reservadas; después, el rezago de las propuestas de quienes llegan al Congreso mediante estas cuotas. El estudio advierte que las acciones afirmativas terminan funcionando como un trámite para los partidos, en lugar de garantizar representación efectiva.
