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Una revisión del diario El Universal al Registro Público de Comercio identificó que siete empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señalados por concentrar contratos de organismos electorales locales desde la década de los 90, habrían utilizado prestanombres y socios para sus operaciones.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, algunas de estas firmas cedieron acciones y poderes de representación a integrantes de la familia Hernández Casillas.
La investigación también señala que Corporativo Zeg incorporó como representantes legales a exfuncionarios del INE vinculados con las gestiones de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova. Además, se documentaron movimientos societarios y poderes notariales que habrían facilitado la representación de las empresas ante organismos públicos.
El reportaje expone presuntos vínculos entre familiares, proveedores y exfuncionarios electorales, así como posibles irregularidades en la asignación de contratos. Los señalamientos apuntan a una red empresarial que habría recibido más de 2 mil 740 millones de pesos en recursos públicos.
