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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una iniciativa de reforma en materia de obligaciones alimentarias que busca garantizar el derecho de más de 25 mil niñas, niños y adolescentes a recibir el sustento necesario.
La propuesta, enviada al Congreso local, es considerada la más completa del país, ya que contempla medidas estrictas contra los deudores, como la prohibición de ocupar cargos públicos, tramitar licencias de conducir o concesiones de transporte, además de incluirlos en un registro que podrá ser consultado por futuras parejas antes de contraer matrimonio.
De acuerdo con la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, en el estado se han registrado más de 10 mil deudores alimentarios entre 2021 y 2024, según datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
Para fortalecer las acciones legales contra el incumplimiento, la reforma plantea modificaciones a 50 artículos de 13 leyes y dos códigos estatales, con sanciones que incluyen penas de prisión de tres a cinco años y multas de entre 100 y 400 días de salario.
En la presentación de la iniciativa participaron la secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa; el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández; y la directora general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Areli Gallegos Ibarra.
El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la protección de la infancia y la promoción de la justicia social a través de un marco normativo más riguroso y efectivo en la lucha contra el abandono de obligaciones alimentarias.
