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Mientras Michoacán enfrentaba una crisis de inseguridad y pobreza, el exgobernador Silvano Aureoles y su círculo cercano disfrutaban de una vida de opulencia financiada con recursos públicos.
Helicópteros privados, residencias en zonas exclusivas y propiedades con lujosas amenidades formaban parte del estilo de vida de los exfuncionarios, quienes ahora enfrentan investigaciones por el desvío de más de 5 mil 186 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles policiales.
Con varios de sus colaboradores detenidos y Aureoles en calidad de prófugo, las autoridades han revelado el alcance de una red de corrupción que afectó gravemente las finanzas estatales.
Entre los principales implicados se encuentra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, detenido en un aeropuerto de Estados Unidos y señalado como pieza clave en el manejo irregular de los fondos públicos.
De acuerdo con las investigaciones, Maldonado realizaba frecuentes viajes a Europa en primera clase y organizaba exclusivas reuniones privadas.
Otros exfuncionarios, como Mario Delgado Murillo, Elizabeth Villegas Pineda y Antonio Bernal Bustamante, exsecretarios de Seguridad, habrían adquirido propiedades millonarias y ostentaban vehículos de lujo en redes sociales, mientras la inseguridad en el estado se agravaba.
Los recursos que debían destinarse a la infraestructura policial fueron utilizados para el enriquecimiento personal de estos funcionarios.
Se ha documentado la existencia de un rancho equipado con helipuerto y caballerizas de primer nivel, en contraste con los cuarteles policiales inacabados o con severas fallas estructurales.
Las autoridades han iniciado acciones legales para congelar cuentas, confiscar bienes y continuar con la búsqueda de los responsables.
La promesa de la justicia es clara: no habrá impunidad para quienes traicionaron la confianza del pueblo michoacano.
