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Con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad una serie de reformas que imponen mayores sanciones a deudores alimentarios.
Entre las medidas adoptadas, se establece que quienes incumplan con sus obligaciones por más de 90 días o ejerzan violencia contra las mujeres serán inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, lo que podría impedirles ocupar cargos públicos, obtener concesiones, licencias de manejo e incluso llevar a la pérdida de la patria potestad.
Durante la sesión ordinaria, los legisladores destacaron que la falta de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también genera un impacto negativo en el tejido social.
Por ello, las reformas aprobadas incluyen disposiciones para facilitar la localización de deudores alimentarios y obligan a todas las autoridades a proporcionar información sobre su paradero.
Además, antes de contraer matrimonio, las oficialías del Registro Civil deberán informar si alguno de los contrayentes está registrado como deudor alimentario o agresor de mujeres.
Las modificaciones abarcan diversas leyes estatales, incluyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, el Código Familiar del Estado, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, y el Código Penal, entre otras.
Con estas reformas, el Congreso michoacano busca garantizar la protección de los derechos de la infancia y reforzar el compromiso del Estado con la justicia y la equidad de género.
