0
0
Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Silvano Aureoles, permanecerá en prisión preventiva, tras la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
La decisión se da en el contexto del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en irregularidades contractuales vinculadas a la construcción de cuarteles policiales en Michoacán, con un daño estimado al erario superior a los 3 mil 412 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, durante su gestión se suscribieron convenios con la empresa Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V., sin que ésta contara con la propiedad de los terrenos, y bajo condiciones atípicas, como edificaciones no entregadas oficialmente al estado y construcciones de uso habitacional dentro de los complejos policiales.
A pesar de haber solicitado un amparo, la jueza Jovita Vargas Alarcón solo otorgó una suspensión provisional sin efectos sobre su reclusión.
El caso forma parte de una carpeta más amplia que involucra a varios exfuncionarios del sexenio anterior, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; José Antonio Bernal Bustamante, exjefe de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda, también exdelegada administrativa.
La Fiscalía ha señalado que los contratos otorgados violaron disposiciones legales y beneficiaron a particulares, en detrimento de la infraestructura de seguridad pública del estado.
Auditorías recientes han documentado que varios de los complejos construidos presentan características residenciales y acabados de lujo, sin una función operativa clara para las corporaciones de seguridad.
El expediente continúa abierto, y la medida de prisión preventiva fue confirmada por considerar que existen elementos suficientes sobre la gravedad del caso y el riesgo de evasión procesal.
