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El Instituto Nacional Electoral (INE) implementará un “modelo de riesgo” para detectar candidaturas presuntamente vinculadas al crimen organizado en el contexto de la elección judicial en curso.
La estrategia, enfocada en la fiscalización de ingresos y gastos de campaña, busca seguir la pista del dinero para identificar posibles irregularidades.
Hasta el momento, los contendientes han reportado gastos por más de 20 millones de pesos, con un tope individual de 1.4 millones para los candidatos a ministro; el INE estableció una serie de reglas estrictas para el manejo de estos recursos.
La presidenta de la comisión de Fiscalización del INE, Carla Humphrey, advirtió que cualquier sospecha en esta materia será notificada a la Fiscalía de Delitos Electorales.
La medida se suma al mecanismo ya existente para detectar candidatos con acusaciones o sentencias relacionadas con violencia, deudores alimentarios o prófugos de la justicia.
“Son vías distintas… más la revisión que haremos desde fiscalización con un modelo de riesgos para, digamos, tener claridad de cuáles son las candidaturas que en su caso pueden generar mayores riesgos para, por ejemplo, la injerencia del crimen organizado en este proceso electoral,” declaró Humphrey.
La funcionaria recalcó que el INE actuará con firmeza ante cualquier incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, pudiendo retirar candidaturas en caso de encontrar evidencia de vínculos con el crimen organizado o cualquier otra causal de inelegibilidad.
“Si alguien no cumple con los requisitos de elegibilidad no puede ser candidato y por tanto no puede ocupar un cargo de elección popular como es ahora los cargos para el Poder Judicial”, sentenció.
