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La prohibición de los narcocorridos en distintas regiones del país no solo refleja un intento por frenar la glorificación del crimen organizado, sino que también ha generado una considerable recaudación por concepto de sanciones.
De acuerdo con una investigación de la periodista Laura Sánchez Ley, los gobiernos locales han impuesto multas que, en conjunto, ascienden a 14 millones de pesos a diversos intérpretes del género por presentar este tipo de canciones en espacios públicos.
Figuras como Natanael Cano, Tito Double P, Julión Álvarez y Los Tucanes de Tijuana han sido multados por interpretar temas que hacen alusión al narcotráfico y la violencia.
La mayor sanción fue para Natanael Cano, con un monto de 2 millones 200 mil pesos por canciones como “El F” y “Cuerno Azulado”.
Otras agrupaciones como La Banda El Recodo, Gabito Ballesteros y Marca Registrada también figuran entre los sancionados, con multas que rondan entre los 600 mil y 900 mil pesos.
En contraste, recientemente Los Alegres del Barranco obtuvieron un amparo para cantar narcocorridos en Michoacán, abriendo un debate sobre los límites entre la libertad artística y la regulación estatal de contenidos.
Mientras tanto, la administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, promueve una campaña para fomentar letras que exalten valores patrióticos, alejadas del contexto del crimen.
La situación plantea un escenario complejo para la industria musical regional, en donde las sanciones económicas actúan como medida disuasiva pero también como una fuente inesperada de ingresos para los gobiernos locales.
La aplicación de estas multas, sin embargo, sigue generando opiniones divididas en torno a la libertad de expresión y el papel del Estado en el contenido cultural.
