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A menos de seis meses de haber retomado la presidencia, Donald Trump reactivó una de las políticas más controvertidas de su administración anterior: las redadas masivas contra personas migrantes, ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La reciente oleada de operativos ha generado indignación en múltiples ciudades del país, donde este fin de semana miles de personas salieron a protestar, especialmente en Los Ángeles, Dallas, San Diego y Nueva York.
Los operativos dejaron cientos de detenciones, en su mayoría de personas latinoamericanas, muchas de ellas sin antecedentes penales.
El despliegue de más de dos mil elementos de la Guardia Nacional en California, realizado sin la autorización del gobernador Gavin Newsom, provocaron una fuerte respuesta por parte de autoridades estatales y municipales.
Newsom calificó la acción como una violación directa a la soberanía de los estados, mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció la militarización como una provocación innecesaria.
A pesar de las críticas, la Casa Blanca defendió la medida como una acción “necesaria para restaurar el orden migratorio”, argumentando que ICE tiene jurisdicción federal para actuar en cualquier punto del país.
Organizaciones de derechos humanos documentaron casos de detenciones arbitrarias, redadas en zonas escolares, centros comunitarios y espacios públicos, señalando que muchas de las personas detenidas no representan ningún peligro.
Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, también se han registrado enfrentamientos aislados, vandalismo y detenciones.
En paralelo, varios estados —entre ellos California, Nueva York y Massachusetts— han anunciado que emprenderán acciones legales para frenar estas políticas, que consideran no solo abusivas, sino también inconstitucionales.
