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Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco de Oaxaca, será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras haber obtenido más de seis millones de votos en la inédita elección judicial del 1 de junio.
Reconocido por su trayectoria como defensor legal de comunidades indígenas, Aguilar inició su vida pública en los años noventa, cuando asesoró en conflictos agrarios en la región mixteca y participó como parte del equipo jurídico en los Diálogos de San Andrés, convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Su trabajo en la organización SER Mixe, junto con Adelfo Regino, sentó precedentes importantes en el reconocimiento del derecho indígena.
Con el paso del tiempo, sin embargo, Aguilar se integró al aparato institucional del Estado. Fue subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca y posteriormente, coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), bajo la administración federal de Andrés Manuel López Obrador.
Desde estas posiciones, coordinó procesos de consulta indígena en torno a megaproyectos como el Tren Maya, lo que generó fuertes críticas entre comunidades y sectores que antes lo consideraban un aliado.
La distancia con el EZLN se volvió evidente y definitiva; aunque su participación en San Andrés fue real, no existe hoy relación activa ni respaldo de parte del zapatismo.
Las críticas no han opacado el significado de su elección. Aguilar es el primer indígena que ocupará la presidencia del máximo órgano judicial desde Benito Juárez.
Para algunos, representa la institucionalización del derecho indígena y la posibilidad de influir desde dentro en la defensa de los derechos colectivos.
Para otros, su llegada refleja las tensiones entre autonomía y poder, entre la justicia comunitaria y el aparato estatal. Su figura encarna un trayecto complejo: del activismo jurídico de base al más alto tribunal del país.
La gestión de Aguilar se presenta como una oportunidad histórica para fortalecer el pluralismo jurídico en México, pero también será observada con atención por quienes cuestionan si las estructuras del poder permiten transformar desde adentro.
Su liderazgo en la Suprema Corte pondrá a prueba el equilibrio entre su origen comunitario y las exigencias institucionales. En esa dualidad se juega el futuro de su legado.
