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Estados Unidos intensificó su política migratoria con redadas masivas en ciudades como Los Ángeles, marcando un nuevo episodio de tensión entre la comunidad migrante y el gobierno estadounidense.
La estrategia, encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dejó al menos 45 personas detenidas en operativos que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a manifestantes que se oponían a las detenciones.
El epicentro de las protestas fue el Distrito de la Moda en Los Ángeles, donde operativos conjuntos entre el ICE, el FBI y la DEA, el 6 de junio, irrumpieron en fábricas, calles y espacios comunitarios.
En un hecho que agravó el conflicto, fue detenido David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), lo que provocó una ola de indignación entre sindicatos y organizaciones civiles.
El martes, la alcaldesa demócrata de Los Ángeles, Karen Bass, decretó un toque de queda de ocho horas, el cual concluyó este miércoles a las 6 de la mañana.
El presidente republicano Donald Trump tuvo incluso roces con el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, sugiriendo que debería ser arrestado por obstruir la aplicación de la ley de inmigración, luego de que Newsom le pidiera formalmente retirar las tropas federales desplegadas en Los Ángeles.
Las protestas pronto se extendieron a otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, San Francisco, Filadelfia, Chicago, Texas, Seattle, entre otras.
Roces entre Sheinbaum y Noem tras redadas
La Secretaría de Relaciones Exteriores también se pronunció, activando los protocolos de asistencia consular y exhortando a los connacionales a no exponerse innecesariamente. Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su rechazo a cualquier medida que criminalice a quienes contribuyen al desarrollo binacional.
Negó además los señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien la acusó de impulsar las protestas en Estados Unidos.
Los hechos recientes confirman un giro restrictivo en la política migratoria de Estados Unidos, pero también una creciente respuesta coordinada desde México.
Respuesta desde Michoacán
En Michoacán, entidad con fuerte presencia migrante en California, las reacciones no tardaron.
Funcionarios estatales y legisladores condenaron la violencia institucional y pidieron respeto irrestricto a los derechos humanos de los más de 400 mil michoacanos que residen en la zona metropolitana de Los Ángeles, así como de toda la comunidad migrante.
En 2024, los municipios michoacanos con mayor población migrante recibieron más de mil 900 millones de dólares en remesas, lo que subraya el peso económico y social de los connacionales.
En Michoacán, el tema adquirió relevancia no solo por los vínculos familiares con los migrantes detenidos, sino también por el impacto directo que estas acciones tienen en la economía local, sostenida en buena parte por las remesas.
También por reabrir la conversación en torno a la criminalización del trabajo migrante frente a la necesidad económica que dicho fenómeno representa para ambos países.
