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Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aclararon que la anulación de candidaturas o triunfos por vínculos con actividades criminales recae en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La declaración surge ante la imposibilidad del INE de revisar la idoneidad de los aspirantes, tarea que recayó en los comités de evaluación del Poder Judicial tras la reciente reforma.
El consejero Martín Faz enfatizó que el INE verificará los requisitos de elegibilidad tras la elección, mientras que las impugnaciones por presuntos nexos criminales deberán ser documentadas y resueltas por el TEPJF.
Faz subrayó la diferencia entre las acusaciones de vínculos con el crimen organizado y las relacionadas con la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”, enfocada en violencia de género y deudores alimentarios.
Recordó el caso del exgobernador García Cabeza de Vaca, donde se requirieron resoluciones de autoridades competentes para analizar su elegibilidad.
La consejera Claudia Zavala coincidió en que la responsabilidad del INE se centra en la declaración de validez de las elecciones el 15 de junio, dejando las acusaciones de nexos criminales en manos del TEPJF.
Zavala destacó la necesidad de retomar la experiencia de esta elección para que el INE revise la idoneidad de los aspirantes en futuros procesos.
Reconoció que las boletas ya fueron impresas y que el INE no tiene la facultad de cancelar candidaturas en esta etapa, siendo el Senado la única instancia que pudo realizar sustituciones.
La consejera Carla Humprhey señaló que el INE puede retirar candidaturas si se detectan incumplimientos con los requisitos de elegibilidad, siguiendo la ruta establecida para casos relacionados con la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”.
