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En medio del resurgimiento del debate sobre el rescate bancario de 1995, impulsado por recientes declaraciones cruzadas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo, resurge un informe que cuestiona la veracidad de una supuesta “auditoría” al Fobaproa.
De acuerdo con Michael W. Mackey, el auditor internacional contratado para evaluar los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro entre 1998 y 1999, las revisiones realizadas no pueden ser calificadas como una auditoría financiera debido a las severas restricciones impuestas.
El expresidente Zedillo defendió el rescate bancario afirmando que fue objeto de “muchos estudios serios” y de una “auditoría por parte de un auditor internacional independiente”.
Sin embargo, el informe de Mackey, entregado al Congreso y disponible en (bit.ly/3GRPDfD), detalla una serie de obstáculos que impidieron una revisión exhaustiva.
El informe revela que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el propio Fobaproa y los bancos obstaculizaron el acceso a la información, generando retrasos y limitaciones importantes.
Mackey lamenta la “renuencia” de las autoridades financieras a cooperar, el secreto bancario que retrasó las revisiones y la restricción al acceso a bancos intervenidos de facto, que representaban la mayor parte del sistema financiero y de los costos potenciales del rescate.
Debido a esas limitaciones, el equipo auditor no pudo expresar una opinión sobre los estados financieros del Fobaproa.
Mackey concluye que la falta de cooperación y las restricciones impuestas por la administración zedillista pudieron haber llevado a una subestimación del costo fiscal final del rescate y a una evaluación demasiado generosa del régimen regulatorio.
