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En 15 estados del país se ha registrado un aumento significativo en el número de personas desaparecidas entre 2022 y 2024, según datos del Registro Nacional.
Jalisco y Tamaulipas concentran el mayor número, pero se ha observado un incremento notorio en entidades como Ciudad de México, Estado de México y Michoacán.
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tabasco, también están en la lista.
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, atribuye el fenómeno a la expansión del crimen organizado, feminicidios y trata de personas.
En algunos casos, la desaparición busca encubrir delitos como el asesinato, dificultando la identificación y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Ante esta crisis, colectivos de familiares han exigido al Estado mexicano fortalecer las políticas públicas en materia de búsqueda y registro.
Proponen integrar en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico para la atención de esta problemática.
También piden una articulación efectiva entre fiscalías, comisiones locales de búsqueda y de atención a víctimas.
La creación de registros estatales unificados y el impulso a programas de exhumación e identificación forense son prioridades urgentes para enfrentar la creciente cifra de desaparecidos.
