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La lucha por el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos en México ha tomado fuerza en los últimos años, con avances tangibles impulsados por instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y experiencias emblemáticas como la de Cherán, Michoacán.
Sin embargo, la esperada reforma constitucional que garantizaría sus derechos colectivos sigue sin ser aprobada por el Congreso de la Unión, a pesar de haber sido propuesta formalmente desde 2021.
El INPI ha logrado articular propuestas legislativas clave en consulta directa con comunidades originarias, entre ellas, la iniciativa de reforma que modificaría más de 15 artículos de la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con autonomía para regirse por sus sistemas normativos, ejercer presupuesto directo y decidir sobre sus territorios.
Esta iniciativa incluye también el fortalecimiento del pluralismo jurídico, la consulta previa y derechos lingüísticos, educativos y territoriales.
En este contexto, Cherán se ha consolidado como un referente nacional en materia de autogobierno.
Desde 2011, tras expulsar a partidos y autoridades municipales por corrupción y omisión frente al crimen organizado, el pueblo purépecha ejerce su derecho a la libre determinación bajo sistemas normativos propios, con reconocimiento constitucional y respaldo del INPI.
Su experiencia ha sido clave para visibilizar los alcances reales de la autonomía indígena.
Aunque la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos depende de la aprobación de esta reforma constitucional, el proceso sigue pendiente.
Mientras tanto, el INPI continúa acompañando planes de justicia, restitución territorial y fortalecimiento cultural, abriendo camino para una transformación legal que reconozca la dignidad histórica de los pueblos originarios.
La exigencia persiste: pasar del discurso al reconocimiento jurídico pleno.
