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Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Deuda Pública, y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado aprobaron un dictamen que busca poner un alto constitucional a la contratación de deuda pública de largo plazo que exceda el periodo de la administración en turno.
La propuesta, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, será presentada ante el Pleno este miércoles 11 de febrero y plantea modificar el artículo 44 de la Constitución local para establecer reglas claras de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia, tanto para el Poder Ejecutivo como para los ayuntamientos.
El dictamen advierte que el peso de la deuda ha desplazado recursos que podrían destinarse a rubros prioritarios como salud, educación, seguridad e infraestructura. Tan solo en 2025, Michoacán destinó más de 6 mil 300 millones de pesos al pago de pasivos heredados, sin que ello se tradujera en nuevas obras o programas públicos.
Además, se detalla que la deuda estatal mantiene una tasa de interés promedio de 10.7 por ciento y un plazo de pago de 16.6 años, lo que genera presión constante sobre las finanzas públicas. Entre 1993 y 2024, el endeudamiento creció más de 680 por ciento, mientras que el crecimiento económico del estado fue muy inferior.
Con esta reforma, se busca evitar que una administración comprometa los ingresos de las siguientes generaciones y alinear la legislación estatal con los principios federales de disciplina financiera.
