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El alcalde Carlos Manzo Rodríguez designó al general retirado Juan Antonio Aranda Flores como encargado de la seguridad municipal, una decisión que despierta críticas dada la implicación de Aranda en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Como comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, Aranda fue señalado por no intervenir durante los hechos del 26 de septiembre de ese y por la desactivación de cámaras de videovigilancia, lo que facilitó el encubrimiento de un crimen considerado de Estado.
Además, mantenía vínculos con el exalcalde José Luis Abarca, actualmente preso por nexos con el narcotráfico.
Esta asignación ocurre en medio de una crisis de violencia en Uruapan, donde el crimen organizado ha generado caos con enfrentamientos constantes y ataques a fuerzas de seguridad.
El detonante reciente fue el asesinato de un policía en un retén del Boulevard Industrial, lo que llevó a Manzo a buscar una “venganza” más dura contra los delincuentes, según fuentes locales.
Sin embargo, encomendar el control de la policía a un militar con un historial controvertido plantea serios riesgos éticos y de legitimidad.
La situación, lejos de mejorar, podría terminar de erosionar la confianza pública en sus autoridades, sobre todo las que deberían encargarse de su seguridad.
Si el propio alcalde genera alianzas con figuras relacionadas con delitos como la desaparición de personas, en este caso de jóvenes estudiantes, ¿qué le espera a sus habitantes?
