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Además de enfrentar los desafíos de la inseguridad y el crimen organizado, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, impulsó una serie de acciones legales para combatir la corrupción que, según él, se había arraigado en la administración pública local.
Durante su gestión, el edil presentó 98 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por presuntos actos irregulares cometidos durante el gobierno municipal anterior, encabezado por Ignacio Campos Equihua, y por colaboradores del Raúl Morón Orozco.
Al día de hoy, Campos Equihua forma parte del grupo político que encontró cobijo con Raúl Morón y Leonel Godoy.
Las denuncias, explicó en su momento, estaban relacionadas con la entrega irregular de permisos a giros rojos, es decir, establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y actividades nocturnas que habrían operado sin cumplir los requisitos legales.
Manzo Rodríguez denunció también la existencia de licencias no pagadas, documentación apócrifa y recibos no oficiales, lo que habría generado pérdidas económicas para el municipio y afectado la transparencia administrativa.
El alcalde sostuvo que las 98 querellas representaban apenas la primera etapa de una estrategia más amplia para sanear las finanzas municipales y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Sus declaraciones formaban parte de un discurso constante en el que llamaba a separar la función pública de los intereses políticos o particulares, y advertía que la corrupción y la impunidad debían combatirse con la misma firmeza que la violencia.
Carlos Manzo buscó consolidar una administración enfocada en la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional y la reconstrucción de la confianza social en Uruapan, uno de los municipios más complejos del estado por su relevancia económica y sus desafíos de seguridad.
