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Este lunes, el exterior de Casa Michoacán se convirtió en escenario de una tensa protesta protagonizada por comuneros de Arantepacua, quienes salieron a manifestarse para exigir justicia por los hechos ocurridos en abril de 2017.
El ambiente en la zona es hostil, con fuerte presencia de manifestantes.
La herida que dejó el operativo policiaco de 2017 sigue abierta. Aquel 5 de abril, durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, un violento operativo de la Policía Michoacana ingresó a la comunidad purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.
El saldo: cuatro comuneros asesinados, decenas de heridos y múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza, tortura y detenciones arbitrarias.
La operación fue justificada entonces como una acción contra supuestos “grupos radicales”, pero múltiples testimonios y organizaciones de derechos humanos la han catalogado como una represión estatal injustificada.
Hoy, ocho años después, los reclamos siguen vigentes. Y más aún cuando el exgobernador Silvano Aureoles y su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, principales operadores de la matanza, están actualmente prófugos de la justicia, ambos con señalamientos y órdenes de aprehensión pendientes.
Bedolla manda mensaje a manifestantes
