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Con 33 votos a favor, uno en contra y sin abstenciones, el Congreso de Michoacán aprobó la reforma constitucional que prohíbe al Poder Ejecutivo contratar deuda pública de largo plazo que exceda su periodo de gobierno.
La discusión, sin embargo, derivó en un debate por la posible inclusión de los ayuntamientos en la restricción.
El dictamen adiciona dos párrafos a la fracción XII del artículo 44 de la Constitución local y fija principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia.
En tribuna se argumentó que en 2025 se destinaron más de 6 mil 300 millones de pesos al pago de obligaciones heredadas, con una tasa promedio cercana al 10.7 por ciento y plazos superiores a 16 años.
El diputado de MC, Antonio Carreño, votó en contra al advertir que la redacción arrastraba a los municipios al mismo límite temporal, lo que calificó como una “doble inconstitucionalidad”.
Tras reservas presentadas por diversas bancadas, el Pleno precisó que la prohibición aplica únicamente al Ejecutivo estatal.
La reforma fue avalada en lo general y particular con el ajuste que delimita el candado financiero al gobierno en turno.
