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Los recientes anuncios del presidente Donald Trump sobre medidas migratorias han generado una profunda inquietud entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos.
Muchos temen que se avecinen persecuciones inminentes, lo que podría desencadenar una crisis humanitaria en la región fronteriza y generar zozobra en todo el país, según advirtió Carlos Arango, presidente del Frente Democrático de Migrantes y del Comité de Asuntos Migratorios de Fuerza Migrante.
El Servicio de Seguridad estadounidense tiene identificados a alrededor de 72 mil mexicanos deportables, quienes serían los primeros en ser expulsados, aunque muchos todavía tienen la opción de apelar sus casos ante las cortes migratorias.
El gobierno tiene la capacidad de deportar hasta mil personas diarias, con un enfoque particular en Tijuana, donde se anticipa que se produzcan 500 deportaciones diarias.
Esa situación es especialmente crítica para los beneficiarios del programa DACA, que, a pesar de contar con permisos para residir y trabajar, carecen de un estatus legal pleno; de los aproximadamente 600 mil jóvenes DACA mexicanos, la mitad son padres.
Cerca de seis millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos enfrentan el temor a la deportación, y muchos de ellos son trabajadores esenciales que han contribuido significativamente a la economía del país.
Son personas que han comprado casas y creado negocios, a menudo soportando la carga de haber pagado impuestos sin recibir beneficios debido a su estatus.
Mientras Trump podría encontrar resistencias judiciales para alcanzar su meta de deportar un millón de personas al año, se anticipa que podría utilizar órdenes ejecutivas para acelerar el proceso.
En estados como California, donde un millón de migrantes mexicanos están en riesgo, la cooperación del gobernador Gavin Newsom podría presentar trabas, a diferencia de Texas y Arizona, donde los gobernadores han mostrado una postura más favorable hacia la colaboración con el gobierno federal.
