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La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) pagó 5 mil 186 millones de pesos por la construcción, arrendamiento y mantenimiento de siete cuarteles regionales de la policía estatal durante la administración de Silvano Aureoles (2015-2021).
Sin embargo, muchos de esos inmuebles presentan graves deficiencias, incluyendo vicios ocultos, problemas de construcción, goteras y falta de infraestructura básica.
De acuerdo con el actual secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, esa inversión ha generado problemas operativos y administrativos para la SSP.
A pesar de la alta inversión, dos cuarteles, La Piedad y Las Cañas, no están en funcionamiento, mientras que los de Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zamora presentan las mayores deficiencias.
Además, la propiedad de algunos cuarteles está bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que dificulta las inversiones en mantenimiento y genera complicaciones administrativas.
La actual administración estatal busca soluciones para garantizar condiciones dignas de trabajo para los elementos policiales y aclarar la situación de estos bienes ante la Cuenta Pública.
Investigaciones revelan que las adquisiciones se realizaron mediante adjudicación directa a la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. entre 2016 y 2017, con irregularidades y sobreprecios.
La Secretaría de la Contraloría estatal comprobó que 3 mil 468 millones de pesos eran de procedencia irregular, lo que llevó a una denuncia penal ante la FGR, por lo que la Fiscalía aseguró de manera precautoria los siete inmuebles en febrero de 2024.
La Secretaría de la Contraloría logró la reparación del daño al patrimonio del gobierno del estado por parte de la empresa, con la cantidad de 970 millones 976 mil pesos.
En febrero de 2025, la FGR judicializó la carpeta por los siguientes delitos: peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
