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Una investigación federal reveló una red de corrupción dentro del Puerto de Manzanillo que incentivó bloqueos para frenar las operaciones de la segunda aduana más importante del país.
El conflicto comenzó tras el despido de cinco funcionarios señalados por facilitar el ingreso de mercancía ilegal sin pagar impuestos.
Poco después, manifestaciones bloquearon el recinto, afectando el comercio portuario durante casi una semana.
Las autoridades señalaron que el bloqueo fue financiado por agentes aduanales implicados en las irregularidades, quienes habrían entregado dinero en efectivo a los manifestantes.
Fotografías difundidas muestran a personas arribando en vehículos de lujo y repartiendo dinero. El objetivo: frenar las investigaciones y presionar a las autoridades para revertir los despidos de los implicados.
El operativo para liberar el puerto se realizó durante la madrugada del viernes y contó con la participación de fuerzas federales y estatales.
Durante el desalojo, fueron detenidas varias personas vinculadas al esquema de corrupción.
Entre los funcionarios cesados figuran altos mandos de la Aduana de Manzanillo, cuyas funciones están bajo revisión tras detectarse más de 80 irregularidades operativas.
La Fiscalía General de la República ha asegurado que las investigaciones continúan y que se reforzarán los controles para prevenir actos similares en el futuro.
Mientras tanto, algunos trabajadores inconformes argumentan haber sido víctimas de hostigamiento laboral, pero las pruebas en poder de las autoridades apuntan a una estructura organizada con fines ilícitos.
