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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato rescató a 700 personas, incluidas mujeres y menores de edad, que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad extrema en un rancho agrícola del municipio de Dolores Hidalgo.
La intervención se dio tras una orden de cateo ejecutada en el lugar, donde las autoridades presumen que se cometían delitos de trata de personas con fines de explotación laboral.
Las víctimas, originarias de estados del sur como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, fueron canalizadas a servicios médicos, psicológicos y de acompañamiento institucional.
La magnitud del hallazgo revela una red de captación, traslado y confinamiento de personas que, presuntamente, eran obligadas a trabajar bajo amenazas y sin derechos laborales.
Además, durante el operativo fue detenido un individuo en posesión de narcóticos, lo que abrió una línea paralela de investigación relacionada con delitos contra la salud. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria para identificar a los responsables del entramado de explotación.
Este rescate no sólo revela el rostro oculto de la esclavitud moderna en el campo mexicano, sino que exhibe la falta de vigilancia institucional en zonas rurales donde los derechos humanos de trabajadores migrantes son sistemáticamente violados.
