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Las autoridades federales y del Estado de México desarticularon una red delictiva que operaba con estructura empresarial para extorsionar a comerciantes en diversos municipios.
La red, vinculada con La Familia Michoacana, fue desmantelada tras una operación de alto impacto que incluyó cateos en 52 establecimientos y la movilización de casi 3 mil elementos de seguridad.
Los presuntos criminales usaban negocios legales como fachada para imponer condiciones monopólicas: sólo se podía comprarles a ellos.
Uno de los líderes, Gonzalo “N”, acusado de extorsión agravada, controlaba rutas de materiales con amenazas armadas e imponía cuotas de hasta 15 mil pesos por entrega.
Otro detenido, Eli “N”, secuestró a una víctima para obligarla a vender sólo productos de su empresa, con autorización del grupo criminal.
Entre los capturados se encuentra una regidora municipal, Yareli “N”, pareja y familiar de otros implicados.
Según el fiscal José Luis Cervantes, la red utilizaba métodos empresariales sofisticados combinados con violencia directa.
La falta de denuncias formales dificultó la investigación, iniciada hace seis meses, debido a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
La Fiscalía estatal advirtió que los implicados enfrentan cargos por extorsión y secuestro exprés, delitos que podrían alcanzar penas de hasta 80 años de prisión.
La operación representa un golpe significativo a una modalidad de crimen organizado que se disfraza de actividad comercial.
