0
0
Una investigación en curso ha puesto al descubierto al menos 4000 casos de despojo de viviendas a derechohabientes del Infonavit en Michoacán, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Según la información obtenida, el Instituto contrató despachos jurídicos externos al estado para iniciar juicios contra aquellos con adeudos, sin notificarles ni ofrecerles la oportunidad de defenderse.
Como resultado, los afectados recibieron resoluciones que les informaban de la pérdida de sus viviendas, sin la posibilidad de negociar un convenio de pago o llegar a un acuerdo con el Instituto.
Las propiedades despojadas fueron posteriormente subastadas y adquiridas por constructores, lo que ha generado una gran indignación entre las víctimas de este fraude.
A nivel nacional, se estima que más de 300 mil derechohabientes fueron afectados por esta práctica, la cual afectó particularmente a aquellos con dificultades para cumplir con los pagos de sus créditos.
En respuesta, el gobierno actual ha comenzado a analizar posibles soluciones para los afectados, considerando la reparación del daño en los casos de viviendas ya escrituradas y la devolución de aquellas que aún no han sido formalmente transferidas.
Este escándalo surge en un contexto político tenso, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) lidera protestas contra la reforma a la Ley del Infonavit.
Varios sectores han señalado que esta oposición podría estar vinculada al temor de que se destapen casos de corrupción ocurridos durante el Pacto por México, una alianza entre el PRI y el PAN que pudo haber facilitado estos despojos.
La investigación sigue su curso y se espera que, en los próximos meses, se esclarezca el alcance de estas irregularidades y se determine la responsabilidad de los actores involucrados.
