0
0
Tras años de impunidad y excarcelaciones, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010–2016), vuelve a ser capturado por la justicia mexicana.
El 8 de diciembre de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la orden federal que lo acusa de lavado de dinero, por operar con recursos de procedencia ilícita vinculados a esquemas de desvío del erario.
Una jueza federal determinó prisión preventiva justificada y dictó su traslado inmediato al penal de máxima seguridad del Altiplano.
La imputación señala que más de 73 millones de pesos desviados habrían sido blanqueados a través de empresas ligadas al exmandatario, en operaciones financieras ficticias y triangulaciones. Los cargos se suman a procesos previos por peculado y asociación delictuosa.
Duarte había gozado de libertad condicional desde 2024, tras cumplir el periodo máximo de prisión preventiva. Pero el nuevo expediente, activado con autorización de Estados Unidos para procesar delitos diferentes a los originales, revivió su historial judicial.
Fue detenido en su domicilio y ahora espera audiencia donde podría vincularse a proceso formalmente.
La nueva captura marca un golpe contundente contra un exgobernador que muchos consideraban casi invulnerable. El Estado demuestra que la impunidad no es eterna.
