
La justicia de Colombia determinó este lunes la responsabilidad penal del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, en el marco de un proceso iniciado en 2012.
Durante una audiencia pública, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda explicó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, ofreció beneficios a testigos presos, incluido el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, con el fin de modificar declaraciones que lo involucraban en actividades ilegales.
La jueza también sostuvo que el expresidente, líder y fundador del partido Centro Democrático, buscó manipular testimonios para perjudicar al senador Iván Cepeda, presentando versiones fabricadas que buscaban incriminar al legislador.
La magistrada consideró probado el uso de emisarios para contactar a reclusos, con el fin de obtener declaraciones favorables a Uribe en los casos judiciales que enfrenta.
El exmandatario fue absuelto únicamente del cargo de soborno simple. La Fiscalía solicitó una pena mínima de 108 meses de prisión —más de nueve años— para el expresidente.
La audiencia de individualización de sentencia ha sido programada para el viernes 1 de agosto a las 14:00, hora local. La defensa de Uribe, no obstante, tiene un plazo de cinco días para presentar apelaciones.
Este fallo histórico marca un giro en la política y la justicia colombianas, al colocar por primera vez a un expresidente en la antesala de una sentencia por delitos relacionados con la manipulación del sistema judicial.