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Durante la administración de Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), se destinaron 3 mil 400 millones de pesos a la construcción de siete cuarteles de la Policía Michoacán.
Sin embargo, se han detectado presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de los proyectos, incluyendo arrendamientos indebidos y pagos duplicados en los proyectos ejecutivos, pese a que los complejos se basaban en un mismo diseño.
La adjudicación directa de los contratos recayó en la inmobiliaria DyF S.A. de C.V., encargada del desarrollo y arrendamiento de los cuarteles entre 2016 y 2017. En estos inmuebles, ubicados en siete municipios de Michoacán, se incluyeron búnkers blindados, helipuertos y lujosas instalaciones denominadas Casas de Gobierno.
Se ha señalado la simulación de contratos de arrendamiento como un mecanismo para evadir la ley, evidenciado en el caso de Uruapan, donde primero se rentó un inmueble inexistente, luego se compró el terreno y finalmente se construyó.
El 28 de septiembre de 2021, a dos días de concluir la administración estatal, se dispersaron los pagos a la empresa encargada, iniciando apenas en ese momento los trámites de adquisición formal de los terrenos.
Peritajes posteriores han determinado que el sobreprecio en la adquisición de estos complejos asciende a aproximadamente mil millones de pesos.
En febrero de 2022, se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto fraude multimillonario.
Las investigaciones continúan en curso para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en este esquema de corrupción.
