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La ofensiva del PRI contra gobernadores y exfuncionarios de Morena tomó forma judicial. Alejandro Moreno Cárdenas, líder del tricolor, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un expediente con denuncias por presuntos vínculos con el crimen organizado, corrupción y omisiones graves en seguridad pública.
Encabeza la lista Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, señalado por supuesta protección a grupos criminales y vinculación con estructuras delictivas.
Le sigue Alfonso Durazo, actual mandatario de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, a quien el PRI responsabiliza del aumento de violencia en la entidad.
Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, figura por presunta permisividad hacia el narcotráfico, mientras que al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, se le acusa de permitir la expansión del crimen durante su mandato.
Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, es uno de los más señalados, con acusaciones por contratos ilícitos y nexos con grupos como “La Barredora”.
Layda Sansores y Marina del Pilar también figuran, aunque sin cargos públicos detallados, lo que apunta a una denuncia de carácter más político que judicial.
El PRI se lanza contra la narrativa de Morena, colocando el foco en las supuestas redes paralelas que vinculan poder político y crimen organizado.
