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En México, más de la mitad de la población penitenciaria federal tiene vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada. De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, hasta febrero de 2025 había 20 mil 520 personas privadas de su libertad en las 14 cárceles federales del país, de las cuales 11 mil 308 estaban relacionadas con cárteles criminales, lo que representa un 55 por ciento del total.
Entre los grupos delictivos con mayor presencia dentro del sistema penitenciario destacan el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el Cártel del Golfo, La Familia Michoacana, el Cártel de Juárez y el Cártel del Noreste.
Solo estos siete grupos representan el 61 por ciento de todos los internos vinculados a la delincuencia organizada, lo que refleja un control significativo del crimen organizado en los centros de reclusión.
Especialistas como David Saucedo advierten que las cárceles de “máxima seguridad” se convierten rápidamente en entornos de comodidad para los capos, debido a la falta de infraestructura, preparación de custodios y condiciones laborales que fomentan la corrupción.
El caso paradigmático de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus dos fugas ejemplifican la fragilidad del sistema penitenciario mexicano ante el poder del narco.
Además, Saucedo alerta sobre la creación de “autogobiernos” en diversas prisiones, donde los grupos criminales continúan operando al interior, administrando recursos ilícitos, drogas y controlando la dinámica carcelaria.
Penales como el Cefereso 14 en Durango y el Altiplano en Edomex albergan a grandes líderes criminales, mientras que otros centros, como el Ceferepsi, registran un alto porcentaje de internos con nexos delictivos, lo que convierte al sistema penitenciario en una bomba de tiempo.
