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El 12 de agosto, México extraditó a 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos operadores del Cártel de Sinaloa vinculados a Los Chapitos, así como integrantes del CJNG, Zetas, La Familia y los Arellano Félix.
Washington se comprometió a no solicitar la pena de muerte, pero sí penas de cadena perpetua.
La presidenta Sheinbaum defendió la medida como una decisión soberana, aunque respondió a solicitudes formales del Departamento de Justicia.
Esta acción se suma a la extradición de 29 reos en febrero y forma parte de una cooperación bilateral contra el narcotráfico, especialmente en la lucha contra el fentanilo.
El operativo tiene un efecto inmediato en la estructura criminal, pero plantea interrogantes sobre la capacidad de México para procesar casos de alto perfil sin intervención extranjera.
En un escenario marcado por la orden ejecutiva de Donald Trump que abre la puerta a operaciones militares en el exterior contra cárteles, estas entregas se convierten en un delicado ejercicio de equilibrio entre la colaboración internacional y la defensa de la jurisdicción nacional.
