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El Gobierno del Estado de Michoacán presentará una queja ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de que se revise la suspensión provisional emitida por un juez federal que impide aplicar, a una agrupación musical, el decreto del Ejecutivo estatal que prohíbe la apología del delito en eventos públicos.
Así lo informó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, al señalar que dicha suspensión contradice tanto la ley de amparo como el interés colectivo.
Torres Piña explicó que, si bien el decreto continúa vigente para la generalidad de los casos, la resolución emitida por el juez Sergio Santamaría Chamú, del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, favorece únicamente a la agrupación musical “Los Alegres del Barranco”, quien promovió el recurso de suspensión.
Según el funcionario, dicha medida legal es contraria al orden público y representa un retroceso en los esfuerzos por evitar que se promuevan contenidos que normalicen o glorifiquen la violencia.
El secretario también cuestionó las decisiones previas del mismo juzgador, a quien acusó de haber intentado frenar reformas estructurales impulsadas por el gobierno estatal, como la relativa al Poder Judicial y la implementación del Gobierno Digital.
En ese sentido, reiteró que la administración estatal continuará la ruta jurídica necesaria para asegurar el cumplimiento del decreto, al considerar que éste responde al sentir y la voluntad de la ciudadanía michoacana.
