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La reciente elección judicial en México ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la justicia del país, ya que, por primera vez, la ciudadanía eligió por voto popular a quienes integrarán el Poder Judicial.
Pero hay una persona que está destacando con fuerza, un nombre salido del México profundo: Hugo Aguilar Ortiz.
Abogado mixteco originario de Tlaxiaco, Oaxaca, Hugo se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este hecho no solo representa una victoria personal, sino un hito en la larga lucha de los pueblos indígenas por ocupar espacios reales de decisión dentro del Estado mexicano.
Con más de treinta años de experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, Aguilar ha acompañado procesos fundamentales como los diálogos de San Andrés Larraízar con el EZLN en 1996.
Actualmente, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha impulsado una visión de justicia con enfoque intercultural, comunitaria y centrada en la dignidad colectiva.
Su postulación y posible nombramiento representan una ruptura simbólica con una historia judicial dominada por élites, lenguajes técnicos excluyentes y una sistemática invisibilización de las voces indígenas.
La llegada de un representante indígena a la presidencia de la SCJN no debe ser leída únicamente como un acto de inclusión simbólica; se trata de una oportunidad histórica para transformar la justicia desde una perspectiva descolonial, donde las cosmovisiones indígenas, el derecho consuetudinario y las prácticas comunitarias puedan dialogar con el derecho formal, sin ser subordinadas ni expropiadas.
En un país donde las comunidades originarias siguen enfrentando desplazamientos, criminalización y despojo, la representación real en las instituciones del Estado es una deuda histórica, y Hugo Aguilar es una carta fuerte para romper con esquemas.
La eventual presidencia de Hugo Aguilar puede significar un paso hacia una Suprema Corte verdaderamente plural, anticolonial y comprometida con la justicia social si se respalda con voluntad política, recursos institucionales y apertura a los saberes que históricamente han sido negados.
