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La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la reducción de la condena impuesta a Diego Urik Mañón Melgoza, feminicida de la maestra Jessica González Villaseñor, marcando un precedente en la justicia penal con perspectiva de género en México.
El Tribunal Colegiado había disminuido la pena de 50 a 42 años y medio, pero la SCJN determinó que tal decisión violaba los principios de proporcionalidad y los derechos de las víctimas.
Bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la Primera Sala enfatizó que el derecho a la reinserción social no puede justificar reducciones desproporcionadas en casos de feminicidio.
La Corte ordenó dictar una nueva sentencia conforme a criterios constitucionales y desestimó el recurso del agresor.
Este fallo reafirma que la justicia debe colocar a las víctimas en el centro y que la violencia feminicida exige sanciones ejemplares y firmes.
