
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos dentro del Poder Judicial.
La solicitud, presentada ante el órgano electoral, se basa en señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado e incumplimiento de requisitos básicos de elegibilidad.
En la documentación entregada, los legisladores argumentan que 18 candidatos no cumplen con los requisitos constitucionales de “buena reputación” y “buena fama”, ya que se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos nexos con grupos delictivos o por haber defendido y liberado a miembros del crimen organizado.
Entre los señalamientos se incluyen casos de candidatos con carpetas de investigación por abuso sexual, peculado, delincuencia organizada e incluso órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud.
Asimismo, se acusa a otros 12 aspirantes de falta de idoneidad por haber defendido a miembros de la delincuencia organizada, concedido libertades indebidas a presuntos narcotraficantes o acusados de delitos como abuso sexual, portación de armas, delitos contra la salud o desaparición forzada.
“De no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de intereses y evidente falta de idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular”, advierten los documentos.
Además, la solicitud incluye a ocho candidatos que no cumplen con el requisito de un promedio mínimo de ocho en la licenciatura, siendo aspirantes a cargos como magistrados de circuito y jueces de distrito.