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Este domingo 1 de junio, México vivirá una jornada electoral sin precedentes con la realización de la primera elección judicial en la historia del país.
Por voto directo, la ciudadanía elegirá a más de 2600 cargos del Poder Judicial, entre ellos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como jueces y magistrados federales y locales en 19 entidades.
La reforma que dio pie a este proceso fue promovida en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la medida como un paso hacia una justicia más cercana al pueblo y menos controlada por élites jurídicas o intereses políticos.
En total, están en disputa 2681 cargos judiciales, de los cuales 881 son de carácter federal. El desglose es el siguiente:
- 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF
- 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
- 464 magistraturas de circuito
- 386 juezas y jueces de distrito
Adicionalmente, en 19 entidades federativas se elegirán más de 1,800 cargos judiciales estatales, entre jueces y magistrados locales.
Sin embargo, la elección ha generado amplio debate. Organismos internacionales, académicos y miembros de la oposición han advertido sobre el riesgo de que el sistema judicial pierda independencia al ser sometido al escrutinio electoral.
A esto se suma la escasa difusión de los perfiles de los candidatos, la falta de experiencia institucional para organizar estos comicios y un presupuesto limitado que redujo la instalación de casillas.
Pese a los desafíos, el Instituto Nacional Electoral aseguró que se encuentra preparado para garantizar una jornada libre y transparente. Los resultados oficiales se darán a conocer el 15 de junio.
La elección marcará un parteaguas en el diseño institucional del país y podría redefinir el rumbo del sistema de justicia mexicano.
