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Como parte del paquete de reformas en materia de derechos alimentarios impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los deudores alimentarios en Michoacán no podrán tramitar o renovar licencias de conducir, concesiones, permisos o constancias de transporte.
Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de la infancia.
La iniciativa también establece que jueces y magistrados estatales estarán obligados a actualizar el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, permitiendo un mejor control sobre los deudores.
Además, en caso de matrimonio, se informará a los contrayentes si alguno de ellos cuenta con antecedentes en dicho registro, fomentando la transparencia y la responsabilidad financiera en las relaciones conyugales.
El gobernador Ramírez Bedolla enfatizó que esta reforma también prohíbe que personas con antecedentes de violencia de género, procesos penales o deudas alimentarias morosas puedan ocupar cargos públicos.
Destacó que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y que, según datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), de 2021 a 2024 se registraron 7 mil 855 casos de violencia económica en el estado.
El paquete de reformas, firmado el pasado 25 de febrero, contempla modificaciones a 50 artículos de 13 leyes y dos códigos, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y las infancias en Michoacán.
