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Cada junio, el mes del Orgullo LGBTQ+ recuerda los disturbios de Stonewall de 1969 como un hito de resistencia frente a la discriminación.
En sus orígenes, el Orgullo fue un acto político radical impulsado por comunidades marginalizadas —particularmente personas trans, negras y latinas— que exigían el fin de la violencia policial y la exclusión sistemática.
A lo largo del tiempo, la conmemoración ha ganado visibilidad global, pero también ha generado intensos debates sobre su significado actual.
Algunos sectores del movimiento LGBTQ+ han alertado sobre cómo muchas celebraciones del Orgullo han sido absorbidas por intereses comerciales, alejándose de su raíz política.
Corporaciones que adoptan símbolos de la diversidad sin un compromiso genuino con los derechos de la comunidad son señaladas por prácticas como el “pinkwashing”, una forma de marketing que capitaliza la lucha LGBTQ+ sin aportar cambios reales.
Frente a ello, colectivos como “Orgullo Crítico” —activos en países como España— insisten en recuperar el carácter reivindicativo del movimiento, denunciando la despolitización y exclusión que consideran presentes en las celebraciones dominadas por el mercado.
Este contraste entre la visibilidad superficial y las condiciones reales de vida se hace especialmente evidente en contextos como el mexicano.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, durante 2023 se registraron al menos 52 transfeminicidios en el país.
Michoacán figura entre las entidades con mayor número de asesinatos por identidad de género.
Organizaciones como Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (CODISE) denuncian que la mayoría de estos crímenes permanecen impunes, y que las autoridades aún no implementan protocolos de investigación con enfoque diferenciado.
A este contexto se suman reacciones conservadoras en ascenso. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha prohibido la exhibición de símbolos LGBTQ+ en edificios públicos, mientras que partidos como Vox, en España, han rechazado las celebraciones oficiales del Orgullo, generando tensiones institucionales y protestas ciudadanas.
En México, aunque se han impulsado legislaciones de identidad de género en algunos estados, el acceso efectivo a derechos, seguridad y justicia para las personas trans sigue siendo un pendiente estructural.
Frente a este panorama, distintos sectores dentro del movimiento han promovido una reapropiación del Orgullo como espacio de denuncia y construcción colectiva. Nuevas generaciones apuestan por ampliar la interseccionalidad, vinculando la lucha LGBTQ+ con causas como el feminismo, los derechos reproductivos, la justicia racial y la defensa de los pueblos originarios.
Así, el Orgullo deja de ser únicamente celebración para reafirmarse como un espacio de resistencia política, especialmente para quienes aún enfrentan la violencia sistemática como parte de su cotidianidad.
