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A casi una década de su creación, la Policía Morelia se ha convertido en una de las estructuras más polémicas del gobierno municipal encabezado por Alfonso Martínez Alcázar y por el comisionado Alejandro González Cussi.
Lo que inició como un proyecto presentado como modelo de seguridad pública terminó señalado por operar como un jugoso negocio paralelo dentro del ayuntamiento. La corporación maneja recursos sin claridad y genera ingresos mediante servicios asociados a su función de vigilancia.
Desde el incremento en la recaudación por multas hasta la proliferación de corralones particulares donde son enviados miles de vehículos y motocicletas, las actividades vinculadas a la policía municipal han sido cuestionadas.
Regidores han insistido en que estos ingresos deben transparentarse, pero las solicitudes no han derivado en informes detallados sobre el destino del dinero recaudado. La falta de información oficial ha alimentado dudas sobre el manejo financiero de estas operaciones.
A estos mecanismos se suma una propuesta reciente que permitiría a la Policía Morelia cobrar por brindar seguridad en eventos privados.
La iniciativa plantea que la corporación se convierta en una generadora de ingresos mediante servicios contratados por terceros.
El comisionado José Pablo Alarcón Olmedo argumentó que la medida permitiría garantizar la solvencia económica de la corporación. Sin embargo, no precisó qué beneficios directos tendría para los habitantes de Morelia el uso de más de ochocientos agentes en actividades privadas.
El planteamientono ha aclarado qué implicaciones tendría por retirar personal de las tareas de vigilancia cotidiana para atender servicios contratados.
Morelia mantiene actualmente menos del 50% del estado de fuerza recomendado para enfrentar la inseguridad y para atender a la población. El déficit de elementos ha sido señalado como uno de los principales obstáculos para mejorar la cobertura policial.
