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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes un paquete de tres reformas clave en materia de seguridad pública con el objetivo de consolidar un modelo nacional más eficiente, profesional y preventivo.
Estas iniciativas, ya enviadas al Congreso de la Unión, derivan de reformas constitucionales previas y requerirán la armonización legislativa en los congresos estatales.
La primera propuesta es la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, reglamentaria del párrafo decimotercero del artículo 21 constitucional.
Esta ley plantea la creación de un sistema nacional para recolectar, procesar y compartir inteligencia criminal, orientado a la prevención y desarticulación de amenazas a la seguridad.
El sistema estará coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y operado por el Centro Nacional de Inteligencia.
Los estados deberán adaptar sus esquemas de análisis e intercambio de datos, y capacitar a su personal para colaborar en esta plataforma de alcance federal.
La segunda reforma relativa a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, redefine la distribución de competencias entre federación, estados y municipios.
Establece nuevos estándares para la formación, evaluación y certificación de cuerpos policiales, fiscalías y sistemas penitenciarios, y crea la Academia Nacional de Seguridad Pública.
También obliga a los estados a participar en nuevas mesas de coordinación y mecanismos de evaluación para asegurar coherencia estratégica en todo el país.
La tercera iniciativa propone reformas a diversas leyes orgánicas para consolidar el carácter permanente y profesional de la Guardia Nacional, conforme a la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024.
Esta fuerza mantendrá una estructura similar a la militar pero con mando civil. Las entidades federativas deberán facilitar su despliegue, colaborar en labores de inteligencia operativa y asegurar su integración a los planes de seguridad estatales.
Estas reformas representan un avance hacia una política de seguridad más articulada y profesional, pero también implican importantes desafíos para las entidades que deberán ajustar marcos legales, estructuras operativas y recursos para cumplir con los nuevos lineamientos federales.
